La ausencia de una ley de libertad de información y el sometimiento de los reporteros a la ley antiterrorista dificulta su trabajo.
El periodista de investigación camerunés Chief Bisong Etahoben se salvó de la muerte por los pelos en 2021, después de que cuatro hombres lo atacaran una tarde en Great Soppo, en Buea, capital de la región suroccidental de Camerún. Etahoben no los reconoció, pero sospechaba por qué lo atacaban: por investigar el intento desleal de un magnate camerunés de conseguir para una empresa británica un puesto de distribuidor internacional en la subregión de África Central. Etahoben fue agredido, según su relato, apenas unas semanas después de rechazar un soborno de 50 millones de francos CFA (cerca de 76.000 euros) que supuestamente le ofreció el empresario para que abandonara sus investigaciones.
“Después de que me negara a aceptar una enorme suma de dinero a cambio de abandonar la historia, le pareció que podía ocuparse de mí, que podía matarme para asegurar sus intereses comerciales”, afirma Bisong en conversación telefónica, declinando nombrar a su verdugo por miedo a ser señalado. “Me deberían haber matado”, afirma. “Me destrozaron el ojo derecho, que tuvo que ser operado”.
La libertad de prensa sigue amenazada en Camerún, país centroafricano donde se encarcela a periodistas simplemente por hacer su trabajo. En la actualidad hay seis informadores entre rejas; y tres murieron asesinados en 2023. Camerún ocupa el puesto 138 de 180 países en la Clasificación Mundial de la Libertad de Prensa 2023 de Reporteros sin Fronteras (RSF). A principios de este año, el Comité para la Protección de los Periodistas (CPJ, por sus siglas en inglés) clasificó al país como el tercer peor encarcelador de periodistas, por detrás de Egipto y Eritrea.
Al igual que en otros países del África subsahariana, los periodistas de Camerún siguen enfrentándose a peligros cada vez mayores debido a sus investigaciones. “Sería difícil situar a Camerún en una escala de clasificación, pero huelga decir que los periodistas de investigación no se encuentran en un entorno que les permita trabajar sin temor a represalias”, explica Sadibou Marong, director de RSF para el África subsahariana. “El grado de impunidad de los autores de actos de violencia contra periodistas, incluidos los de investigación, sigue siendo muy alto. A menudo se enfrentan a amenazas, detenciones arbitrarias y persecuciones”, prosigue.
A esto se añade la criminalización de los llamados delitos de prensa, como la difamación o la calumnia, y la ausencia de una ley de libertad de información. “Luego está el difícil entorno económico de los medios de comunicación, que se ve agravado por lo que percibimos como intentos de algunas autoridades de controlar el contenido editorial. Como la mayoría de los anuncios proceden de instituciones y empresas controladas por el Estado, podrían utilizarse en favor de medios más dispuestos a apoyar a esas autoridades en sus batallas políticas”.
Más de 600 periódicos
En Camerún hay más de 600 periódicos, cerca de 200 emisoras de radio y más de 60 canales de televisión. A pesar de ello, el CPJ afirma que el entorno de libertad de los medios de comunicación en el país se ha deteriorado significativamente a lo largo de la última década, y los periodistas independientes se ven obligados a trabajar en un ambiente de represión, miedo y censura. “Aunque al Gobierno camerunés le gusta alardear de los centenares de medios de comunicación como prueba de un entorno de libertad de prensa diverso y saludable, eso no significa que el periodismo independiente o el periodismo de investigación estén abriéndose camino”, señala por mensaje Ángela Quintal, responsable del Programa para África del CPJ. “Camerún se encuentra entre los peores encarceladores de periodistas en África y, desde 2014, aparece constantemente en nuestro censo anual de periodistas encarcelados en todo el mundo”, subraya.
Quintal afirma que, además de detener a periodistas y encarcelarlos, Camerún también se ha convertido en un país “cada vez más peligroso” para trabajar, y el asesinato es la última forma de censura. “La brutal tortura y asesinato de Martinez Zogo [un presentador de radio que denunciaba casos de corrupción] y el asesinato de Jean-Jacques Ola Bebe [sacerdote y comentarista de temas políticos y de corrupción] en 2023 [murieron con dos semanas de diferencia] tuvieron un efecto escalofriante sobre los medios de comunicación en Camerún. Algo que también vimos, aunque con menor intensidad, con la muerte de Samuel Wazizi [presentador de noticias y cámara] en 2019, bajo custodia policial”, afirma. “Es significativo que Camerún empatara en el tercer puesto con México en cuanto al mayor número de periodistas asesinados en relación con su trabajo el año pasado, después de Israel y Gaza (1º) y Líbano (2º), según el último censo anual del CPJ de periodistas encarcelados en todo el mundo, publicado el 1 de diciembre de 2023″, concluye.
Varios reporteros convocados por el Sindicato Nacional de Periodistas de Camerún (SNJC) protestaban en junio de 2020 en Bonanjo por la muerte de Samuel Wazizi, en una imagen publicada en las redes sociales de la organización.
El calvario de Etahoben en 2021 fue solo uno de los muchos que ha vivido en una carrera que abarca más de cinco décadas. Este periodista de 72 años, que actualmente trabaja como investigador principal para la revista ZAM, publicada en Holanda, ha sido detenido en el ejercicio de su profesión en varias ocasiones. “Cuando era un joven reportero del Cameroon Times, fui arrestado, retenido durante varios meses y finalmente juzgado por un tribunal militar en relación con lo que se conoció popularmente como el caso Ernest Ouandié″, recuerda Etahoben.
Se refiere al líder de la guerrilla opositora UPC, perseguido primero por las fuerzas coloniales francesas, y después de la independencia, por el Gobierno camerunés. Ouandié fue detenido el 19 de agosto de 1970 y ejecutado el 15 de enero de 1971. “Fui acusado de traición por contradecir un comunicado oficial de la Presidencia de la República”, explica Etahoben, por publicar que Ouandie se había entregado a las autoridades en contra de la versión oficial de que había sido capturado, pues, según los fiscales, podía ridiculizar al Gobierno al dar a entender que no había sido capaz de arrestarlo.
También ha participado en investigaciones periodísticas, trabajando de incógnito, sobre algunos países africanos, como algunas sobre diligencia debida en relación con varios pesos pesados de la política y la empresa africanas (presidentes y primeros ministros incluidos). “No me identificaron, lo que explica que nunca me hayan encarcelado por mi trabajo de investigación”, afirma. Pero la historia de Etahoben dista mucho de ser única. Los periodistas que se dedican al periodismo de investigación en Camerún comparten historias similares de amenazas y peligros.
Amindeh Blaise Atabong, reportero camerunés independiente que trabaja para publicaciones internacionales como Reuters, Semafor Africa, Equal Times y Quartz Africa, cuenta que recibió varias amenazas en 2016 por investigar a funcionarios de seguridad y personal médico supuestamente confabulados con un falso agente de Cruz Roja para desplumar a centenares de estudiantes universitarios en un programa ficticio de reclutamiento de voluntarios. “Cuando el agente descubrió que yo era periodista, hizo que varios hombres me atacaran. Conseguí escapar, pero no sin el cuerpo ensangrentado y maltrecho, lleno de magulladuras”, asegura.
En otra ocasión, Atabong se vio obligado a abandonar una historia debido a las amenazas. “El reportaje tenía que ver con un controvertido profeta de la ciudad de Buea implicado en numerosos casos de abusos sexuales, torturas y explotación económica de seguidores”, explica. “Las amenazas eran tan aterradoras que tuve que apagar el teléfono durante un tiempo, evité viajar a Buea y acabé abandonando la investigación”, confiesa.
Christian Locka, reportero de investigación camerunés galardonado que se dedica a sacar a la luz casos de corrupción, finanzas ilícitas, violaciones de los derechos humanos y delincuencia organizada, afirma que ha desarrollado una piel dura ante el hostil entorno mediático de Camerún. Fue detenido y encarcelado en la región del Extremo Norte en 2014 mientras investigaba el secuestro de un sacerdote francés por militantes de Boko Haram. “Para hacer periodismo de investigación en Camerún hay que dejarlo todo en manos de Dios. He recibido varias amenazas por denunciar irregularidades en mis artículos. Pero nunca he abandonado una historia porque me intimidaran”, asegura en conversación telefónica.
En 2019, Locka decidió crear el proyecto The Museba, con la intención de que fuera un medio informativo independiente y sin ánimo de lucro que se ocupara de reportajes de investigación y formación de periodistas en la subregión de África Central. “Éramos conscientes de que la mayoría de los periodistas de la región no estaban suficientemente preparados ni formados en el periodismo de investigación. Los que estaban interesados carecían de mentores que los prepararan para ello. Y faltaba financiación para llevar a cabo periodismo de investigación”, explica.
Difamación y calumnia
La difamación y la calumnia siguen siendo delitos penales en Camerún. Un veredicto de culpabilidad puede significar una pena de prisión de hasta seis meses y una cuantiosa multa. La penalización de los delitos de prensa ha obligado a los periodistas a ejercer la autocensura. El país carece de una ley sobre la libertad de información, que obligaría a las fuentes oficiales a revelar información pública. “La falta de una ley es otro ejemplo de que el Gobierno no está comprometido con la transparencia y la rendición de cuentas”, opina Quintal, del CPJ.
Menos de 30 países africanos han promulgado una ley de libertad de información. Aunque la norma puede considerarse un avance y una oportunidad para que los periodistas soliciten documentos e información de interés público, Marong, de RSF, señala que hay países con normas de este tipo en los que los periodistas “siguen teniendo dificultades” para acceder a la información pública. “Por ejemplo, Togo, con una ley de acceso a la información, no es mejor que Senegal, que carece de ella”, afirma. “Pero en África, creemos que es crucial para el continente y ya es hora de que Camerún tenga una. Sin embargo, tenemos que estar atentos al comportamiento de las autoridades o a su intención de conceder a los ciudadanos una ley de acceso a la información con ese nombre, pero vacía en lo que se refiere a progreso y contenido”.
Nseme Stephen Ndode, profesor de Periodismo y Comunicación de Masas en la Universidad camerunesa de Buea, cree que la creación de una asociación o sindicato de periodistas fuerte y unido podría cambiar las cosas. “No existe una plataforma común para defender los derechos colectivos”.
Procesados como terroristas
Otro instrumento legal que influye en el funcionamiento del periodismo y limita la información en Camerún es la ley antiterrorista promulgada en 2014. En virtud de ella, el Gobierno puede calificar a los informadores de “terroristas” y procesarlos en tribunales militares. Más de una docena de profesionales han sido detenidos o forzados al exilio desde su aprobación, acusados de hostilidad contra la patria, secesión, propagación de noticias falsas, insurrección, incitación a la guerra civil y complicidad en actos de terrorismo.
“Hemos visto cómo se utilizaba contra periodistas que cubrían la insurrección de Boko Haram en el norte de Camerún y, por supuesto, vimos un repunte de su uso contra periodistas cuando comenzó la crisis anglófona [la guerra civil entre los separatistas en las regiones de habla inglesa y el Gobierno], a finales de 2016, con varios periodistas acusados y detenidos”, afirma Quintal. Según ella, la ley antiterrorista ha hecho “casi imposible” que los reporteros investiguen y denuncien la corrupción, por ejemplo, en relación con las adquisiciones militares en las regiones del país afectadas por el conflicto.
Marong, de RSF, afirma que esta ley restringe derechos fundamentales, ya que da una definición de terrorismo “demasiado amplia”, que podría servir para criminalizar el derecho a la libertad de expresión. Pero Ndode, especialista en comunicación, sostiene que, en la medida en que afecta a todas las facetas de la sociedad camerunesa, no perjudica especialmente a los periodistas. “Si se mantienen fieles a sí mismos y evitan los reportajes partidistas, la información tendenciosa, el periodismo del odio y la incitación a la violencia, creo que la ley no les perseguirá”, afirma.
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