Las contradicciones del régimen detrás del bloqueo de plataformas digitales
El vicepresidente de su padre ha anunciado la implementación de restricciones en determinadas páginas de internet y plataformas digitales, justificando la medida como una protección para los menores ante contenidos violentos y sexuales. Sin embargo, la verdadera intención detrás de estas restricciones tiene poco que ver con la protección de los menores y mucho más con el control de la información y el lucro a expensas del pueblo.
Lejos de bloquear o cortar el acceso a las plataformas como TikTok, el gobierno ha encontrado una manera más sutil y lucrativa de restringir la libertad en internet: aumentar los costos de conexión y limitar el acceso a aquellos que puedan permitirse pagar tarifas elevadas. El aumento de los megas para subida y la exigencia de que los usuarios adquieran al menos 2GB de internet para poder conectarse no es una medida de seguridad ni protección, sino un robo descarado a los ciudadanos que simplemente quieren acceder a las redes sociales para mantenerse informados o conectados con el mundo exterior.
Este mismo esquema ha sido aplicado a las video llamadas por internet. No se trata de bloquear el acceso, sino de aumentar los precios y extraer dinero de quienes desean mantenerse en contacto con sus seres queridos. En lugar de mejorar la infraestructura o proporcionar un acceso más justo y asequible, el régimen de Malabo opta por saquear los bolsillos de los ciudadanos que dependen de internet. Esta manipulación de las tarifas de conexión no es una simple estrategia comercial, sino una forma de financiar las actividades más oscuras del régimen.
Lo que realmente esconde este aumento de precios es la necesidad de dinero para pagar a los mercenarios que el régimen utiliza para mantener su control sobre el país. Mientras se justifica ante la población con la excusa de proteger a los menores, la realidad es que estos fondos son dirigidos a mantener a un ejército de mercenarios extranjeros que garantizan la continuidad de la dictadura. En lugar de destinar recursos a mejorar las condiciones de vida de los ciudadanos, el régimen prefiere utilizarlos para perpetuar la represión y el miedo.
La medida de restringir las redes sociales, aumentando los costos para quienes quieren utilizarlas, no tiene nada que ver con la moral o la protección de los menores. TikTok y otras plataformas son las pocas vías que les quedan a los ciudadanos para exponer las injusticias del régimen, denunciar la corrupción y mostrar al mundo la verdadera cara de Guinea Ecuatorial. Este control de los precios del internet no es más que una táctica para silenciar estas voces y reducir la visibilidad de las críticas que cada vez más jóvenes y activistas publican en redes sociales.
Es significativo que mientras el gobierno sube los precios de internet y limita el acceso a las redes sociales, los casos de corrupción y abuso sexual dentro del círculo íntimo del régimen siguen sin ser investigados ni castigados. Uno de los ejemplos más claros de esto es Teodoro Biyogo, tío del vicepresidente, quien fue expulsado de Brasil tras ser acusado de violar a una menor de edad. Estos crímenes, cometidos desde la posición de poder que le otorgaba su cargo diplomático, no han sido abordados públicamente por el gobierno. ¿Qué hay de la protección de esos menores? ¿Qué acciones ha tomado el régimen para garantizar que figuras como Biyogo enfrenten la justicia?
La respuesta es obvia: ninguna. La censura y las restricciones digitales no están diseñadas para proteger a los menores o promover un internet más seguro; están diseñadas para proteger al régimen de la exposición de sus crímenes y desvíos. Al imponer estas tarifas elevadas y controlar el acceso a la información, el gobierno asegura que solo aquellos con medios económicos puedan conectarse, dejando a la mayoría de la población desinformada y en silencio.
Conclusión:
Lejos de ser una medida de protección, las restricciones y aumentos en los precios de internet en Guinea Ecuatorial son una herramienta de control y represión. El régimen no solo busca silenciar las críticas y ocultar sus propios crímenes, sino también financiar la contratación de mercenarios para mantener su poder. Los menores no están protegidos; el pueblo está siendo saqueado y silenciado. Mientras los verdaderos abusadores permanecen impunes dentro del círculo familiar del presidente, los ciudadanos comunes pagan el precio, tanto en términos de libertad como de dinero.
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¿Protección a los menores o un plan para robar a los ciudadanos? - RADIO MACUTO
