Durante casi cuatro décadas, las flotas ilegales de propiedad extranjera han devastado la industria pesquera de Sierra Leona, antaño sostenible.
Los 400 km de costa atlántica de Sierra Leona contenían antaño abundantes recursos marinos cruciales para la economía de la nación. La pesca aporta el 12% del producto interior bruto del país y es la principal fuente de proteínas para el 80% de la población. El sector emplea a unas 500.000 personas de una población de ocho millones.
Pero estos empleos y beneficios económicos están en peligro. Ya han disminuido y están bajo la amenaza continua de la descarada red de buques extranjeros que practican la pesca ilegal, no declarada y no reglamentada (INDNR) a lo largo de la costa de Sierra Leona, incluidas las zonas de exclusión designadas para los pescadores locales.
La pesca ilegal es un delito organizado transnacional que genera miles de millones de dólares anuales de beneficios. Los esfuerzos gubernamentales para hacer frente a este problema han sido en gran medida insuficientes.
El Presidente Julius Maada Bio declaró en 2020 que la pesca ilegal costó a su país unos 50 millones de dólares al año, y que gran parte de las capturas robadas acababan en Asia. En cambio, sólo 18 millones de dólares procedentes de la pesca legal llegaban a las arcas del país.
Al sentirse abandonadas por el gobierno, las comunidades locales han empezado a tomarse la justicia por su mano.
Según los informes, el sector está plagado de corrupción y mala gestión, y el problema parece insoluble. Las flotas ilegales, todas de propiedad extranjera, llevan casi cuatro décadas explotando las aguas de Sierra Leona. Un asesor del Ministerio de Pesca y Recursos Marinos que pidió el anonimato declaró: "Muchos países nos roban el pescado, incluidos los Estados vecinos de África Occidental".
Las especies de gran valor, como la bonga, el pargo y el mero, son especialmente vulnerables. Los operadores ilegales utilizan técnicas avanzadas para eludir la detección, afirma Pele Gandy-Williams, Presidente del Grupo de Trabajo sobre Delitos Financieros de Sierra Leona. Pescan en zonas restringidas, falsifican los datos de capturas, apagan los transpondedores de sus buques y cambian con frecuencia de matrícula para evitar el rastreo.
El Índice de Pesca INDNR muestra que los buques chinos son los peores infractores, pero el gobierno vacila a la hora de actuar, ya que mantiene una estrecha relación con China. Al sentirse abandonadas por el gobierno, las comunidades pesqueras locales han empezado a tomarse la justicia por su mano. El pescador Abdul Kamara, de la comunidad costera de Funkia, cerca de la capital, Freetown, declaró al proyecto contra la delincuencia organizada ENACT que la población local había empezado a atacar a los barcos extranjeros.
El enfado de los residentes se intensificó cuando en 2021 saltó la noticia de que China pretendía construir un puerto pesquero y una planta de procesamiento de harina de pescado en la prístina playa de Black Johnson, un bosque tropical y una playa protegidos. Ante la resistencia de la comunidad, el gobierno detuvo el proyecto, según el asesor del MFMR.
Las leyes actuales para la gestión de la pesca son la Ley de Pesca y Acuicultura de 2017 y el Reglamento de Pesca y Acuicultura de 2019. Este marco ofrece apoyo a la gobernanza de la pesca y la acuicultura, con especial atención a la reducción de la pesca ilícita.
Sierra Leona cuenta con una patrullera, que a menudo se queda atascada en el puerto por falta de combustible.
La ley prohíbe las actividades pesqueras no autorizadas, incluida la captura, introducción, transbordo o compra de pescado capturado ilegalmente. Establece una unidad de seguimiento, control y vigilancia de buques encargada de observar, controlar y gestionar las operaciones pesqueras, así como de hacer cumplir las prácticas de pesca sostenible.
Los informes sobre el endurecimiento del gobierno contra la pesca ilegal varían y pueden parecer contradictorios. El gobierno afirma que se han logrado avances moderados en la prevención y desarticulación de esta delincuencia organizada, sobre todo mediante sistemas de seguimiento de cada barco. Sin embargo, los pescadores locales afirman que esto dista mucho de ser suficiente para frenar el alcance de las infracciones actuales.
Los infractores que penetran en las zonas de exclusión, donde se permite la pesca limitada, se enfrentan a multas superiores a 1,5 millones de dólares. Sin embargo, la aplicación de la ley depende de una sola patrullera para cubrir la vasta costa de Sierra Leona, y esta embarcación a menudo se queda atascada en el puerto debido a la escasez de combustible.
El MFMR también se enfrenta a una importante laguna de datos: calcula una captura anual de unas 228.000 toneladas de pescado, pero carece de estadísticas sobre las tasas de reposición de la población piscícola. Sin estos datos, y ante el arraigo de la pesca ilegal y las prácticas pesqueras nocivas, la pesca en Sierra Leona es cada vez más insostenible.
La pesca ilegal coexiste con la legítima, lo que dificulta su control y detección.
El país necesita urgentemente una estrategia pesquera integral. Dicha estrategia constituiría la piedra angular de la gestión de los recursos y abarcaría la supervisión, la aplicación de la normativa, la formación, la promoción de prácticas sostenibles y el fomento de la colaboración internacional para garantizar su cumplimiento.
Sierra Leona reconoce el alcance de su problema de pesca ilegal y ha colaborado con los países vecinos en los esfuerzos regionales para abordarlo. Esto incluye el Programa Regional de Pesca de África Occidental, cuyo objetivo es compartir información, coordinar patrullas y desarrollar estrategias conjuntas de aplicación de la ley.
Se han logrado algunos éxitos. En 2021, una colaboración esfuerzo entre la marina de Sierra Leona y Sea Shepherd Global, organización no gubernamental dedicada a la conservación de los océanos, permitió apresar con éxito a cinco buques de propiedad extranjera que faenaban sin licencia. Dos procedían de China y tres de Corea del Sur.
Uno de los principales problemas es que la pesca ilegal coexiste con la legítima, lo que dificulta su control y detección. Desarticular las redes delictivas exige una actuación coherente en el mar y una mayor aplicación de la legislación vigente. Como signataria del Acuerdo sobre medidas del Estado rector del puerto, Sierra Leona también debe dar prioridad a las inspecciones en puerto y denegar el derecho de atraque a los buques de los que se sepa que están implicados en la pesca ilícita.
Es necesaria la cooperación interinstitucional e internacional para rastrear los buques y los flujos financieros a través de complejas estructuras navieras y empresariales. Para empezar, Sierra Leona debe entablar relaciones diplomáticas con países como China, que con frecuencia violan sus aguas territoriales.
Este artículo fue publicado por primera vezpor ENACT.
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Sierra Leone’s China relations block targeted action against illegal fishing | ISS Africa
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