"Tla lucha más vil por el botín que jamás haya desfigurado la historia de la conciencia humana" es como Joseph Conrad describió las concesiones de la era colonial otorgadas a empresas privadas por los recursos naturales del Congo en El corazón de las tinieblas. Con Donald Trump, esa lucha puede haber vuelto. Si las noticias son correctas, la República Democrática del Congo (RDC) está ofreciendo a Estados Unidos un trato contundente: minerales a cambio de ayuda militar, una porción de soberanía intercambiada por una oportunidad de estabilidad.
La preocupación es que esto no es un regreso, es una secuela. Durante tres décadas, Washington apoyó a Joseph-Désiré Mobutu, un aliado de la Guerra Fría y brutal dictador que saqueó el Congo hasta su caída en 1997. Esa historia de la política de poder todavía proyecta una larga sombra. La administración Trump favorece abiertamente el músculo sobre la diplomacia. Fadhel Kaboub, profesor asociado de economía en la Universidad de Denison, señala que las conversaciones de la era Biden sobre la asociación para la energía limpia se han archivado, y que Estados Unidos está menos impulsado por los objetivos ecológicos que por el cobre y el cobalto para misiles y microchips.
La lógica es sombría pero clara. Desde 1996, las guerras del Congo han atraído a ejércitos extranjeros y a sus representantes, dejando más de 5,5 millones de muertos. La República Democrática del Congo se enfrenta a una crisis de seguridad cada vez más grave impulsada por grupos armados como el M23, presuntamente respaldado por Ruanda y otras potencias regionales. Los gobiernos occidentales lamentan la violencia, pero se centran en garantizar el acceso a minerales vitales para sus industrias. Kinshasa, al ver que las apelaciones a la justicia multilateral logran poco, ha recurrido a la negociación. Si la dependencia es inevitable, es mejor aprovecharla.
Los dirigentes de la RDC no son ingenuos. Saben que Trump no ve a África como un socio, sino como un almacén de materiales estratégicos, y a Ucrania como una prueba de que convertirá la debilidad en ganancia estadounidense. Saben que China no enviará tropas, citando la no injerencia, incluso cuando sus empresas dominan la minería congoleña. Con Rusia y los estados del Golfo ofreciendo ayuda, Kinshasa presiona para que las bases estadounidenses protejan "recursos estratégicos", como el cobalto, el 70% del cual proviene de la RDC y es esencial para los teléfonos inteligentes y la industria de defensa de la OTAN. El Congo puede querer botas; Washington prefiere los negocios.
El acuerdo propuesto con Estados Unidos parece desesperado y estratégico: apoyo en materia de seguridad a cambio de derechos mineros. No lo llames dinero de protección. Después de que el enviado de Trump para África señalara que se avecinaba un acuerdo, la RDC repatrió a tres estadounidenses vinculados a un golpe de Estado fallido, y una mina de estaño, controlada por inversores estadounidenses, comenzó a reabrir a medida que los rebeldes del M23 se retiraban, una victoria frágil en un panorama volátil. Kinshasa espera que Washington negocie una paz que obligue a los rebeldes a retirarse o que obtenga la potencia de fuego para aplastarlos por completo.
También podría desbloquear el financiamiento del FMI y ampliar el acceso a los mercados de capital occidentales. Pero, ¿a qué precio? El resultado más probable es que la RDC reciba lo suficiente para seguir siendo dependiente. Su sector minero estará dominado por empresas extranjeras, su autonomía fiscal se verá erosionada por préstamos condicionales y su economía quedará atrapada en el viejo patrón de servilismo: proveedor de insumos baratos, consumidor de productos caros.
Llamar a esto colonialismo no es del todo correcto. Los imperios gobernaban por decreto, sin pretensión de consentimiento. La coerción de hoy es más sutil: un Estado soberano acorralado, en un momento de debilidad, para aceptar términos de estilo colonial sin soldados ni banderas. Las herramientas son diferentes: acuerdos de seguridad, exenciones comerciales, inversión privada. Pero la lógica es conocida. Lo irónico es que esto está siendo perseguido voluntariamente por un gobierno con pocas alternativas. ¿Qué dirá la historia al respecto?
