En un comunicado, han dado la voz de alarma sobre el secuestro y la desaparición forzada de los defensores de los derechos humanos Mamadou Billo Bah y Oumar Sylla, conocidos como Foniké Manguè, que corren el riesgo de sufrir torturas, malos tratos y ejecuciones extrajudiciales debido a su labor legítima en defensa de los derechos humanos y la democracia.
Instan a las autoridades guineanas a que esclarezcan la suerte y el paradero de los Sres. Billo Bah y Sylla de inmediato, los liberen y protejan sus derechos.
"Si se confirman las denuncias, que se identifique, juzgue y sancione a los responsables de su desaparición forzada", dijeron los expertos.
El secuestro de activistas políticos y activistas contribuye a la perpetración de abusos
El 7 de julio de 2024, aproximadamente a las 22:00 horas, un grupo de aproximadamente 10 personas, entre ellas soldados armados y otras personas vestidas de civil, irrumpió en un edificio residencial, aprehendió violentamente a los Sres. Sylla y Billo Bah y se los llevó en un vehículo blindado de las fuerzas especiales guineanas. El 11 de julio de 2024, los defensores de los derechos humanos habrían sido trasladados al centro de detención de la isla de Kassa.
Sin embargo, hasta la fecha, las autoridades no han revelado su paradero ni han proporcionado a sus familiares información sobre su salud y bienestar. Según los expertos, su desaparición forzada podría estar relacionada con su "labor legítima como coordinadores de Tournons La Page Guinea (TLP-Guinea) y movilizadores del Frente Nacional para la Defensa de la Constitución (FNDC)".
"El secuestro de activistas políticos, defensores de los derechos humanos o miembros de la oposición tiene un efecto disuasorio y contribuye a la perpetración de violaciones de los derechos humanos para toda la comunidad que depende de su trabajo para proteger sus derechos", subrayaron.
Según los informes, los detenidos murieron bajo custodia
Además, también se expresó preocupación por las denuncias de que otros detenidos habían muerto bajo custodia debido a problemas de salud agravados en las condiciones de detención y a la falta de atención médica adecuada y oportuna.
Los expertos reiteraron su declaración conjunta antes del primer Congreso Mundial sobre Desapariciones Forzadas e instaron a todas las partes interesadas, incluidas las víctimas, así como las organizaciones, los defensores de los derechos humanos y los abogados que defienden a los dos activistas, a tomar medidas concertadas y desarrollar planes concretos para poner fin a las desapariciones forzadas.
Además del Grupo de Trabajo sobre Ejecuciones Extrajudiciales de la Comisión Africana de Derechos Humanos, el comunicado fue respaldado por miembros del Grupo de Trabajo de la ONU sobre Desapariciones Forzadas, así como por Gina Romero, Relatora Especial sobre los derechos a la libertad de reunión pacífica y de asociación; Mary Lawlor, Relatora Especial sobre la situación de los defensores de los derechos humanos; Irene Khan, Relatora Especial sobre la libertad de opinión y de expresión; y Morris Tidball-Binz, Relator Especial sobre las ejecuciones extrajudiciales, sumarias o arbitrarias.
