Los residentes del estado de Rivers, en el sur de Nigeria, rico en petróleo, estaban en alerta el miércoles 19 de marzo, un día después de que el gobierno federal declarara el estado de emergencia para poner fin a meses de luchas políticas internas y sumir al país en la incertidumbre constitucional.
La región del delta del Níger, donde se extrae el petróleo del país y está plagada de violencia de pandillas y saqueo de oleoductos, es fundamental para la economía del mayor productor de petróleo del continente. Si bien las calles de la capital regional, Port Harcourt, estaban tranquilas el miércoles, los residentes esperan una fuerte presencia militar en los próximos días después de la suspensión del gobernador y la legislatura local ordenada el día anterior por el presidente Bola Tinubu.
La lucha de poder que comenzó a finales de 2023 entre el gobernador suspendido, Siminalayi Fubara, y su predecesor, Nyesom Wike, ha dado lugar a tensiones que han paralizado la legislatura estatal, incluso cuando la región se enfrenta regularmente a ataques contra instalaciones petroleras.
Tanto Wike como Fubara pertenecen al principal partido de la oposición, el Partido Democrático Popular (PPD), habiendo respaldado el primero la candidatura del segundo para sucederlo como gobernador. Pero el deseo de independencia de este último degeneró rápidamente en una gran crisis política. El presidente Bola Tinubu, que previamente había negociado un acuerdo de paz abortado entre los dos hombres, dijo en un discurso nacional el martes que estaba "preocupado" por la "crisis política".
"Hay rabia en el aire"
En una dura reprimenda a Fubara, lo acusó de complicidad en el robo de petróleo y los ataques a la infraestructura. "Aparte de eso, la Cámara de Representantes y el gobernador no han podido trabajar juntos. Ninguno de ellos se da cuenta de que están en el cargo para trabajar juntos por la paz y la buena gobernanza del Estado", dijo Tinubu. Inmediatamente nombró a Ibokette Ibas, un jefe retirado de la marina, como administrador del Estado por un período de seis meses.
El miércoles, los medios locales informaron de protestas en partes del estado, pero las calles de Port Harcourt permanecían en calma. Imágenes publicadas por la estación de noticias local Central mostraban a mujeres musulmanas y cristianas rezando por la paz en un parque. "El ambiente es normal", dijo Ehis Joe, un comerciante de Port Harcourt, a la Agence France-Presse (AFP). "Pero la población sigue teniendo miedo. Hay rabia en el aire y puede pasar cualquier cosa", agregó.
Los partidarios de Fubara acusaron al jefe de Estado de ponerse del lado de Nyesom Wike. Este último, ahora ministro del Territorio de la Capital Federal, fue decisivo en la victoria de Bola Tinubu en el estado en las elecciones generales de 2023. "Nadie quiere un estado de emergencia", dijo a la AFP Joe Okoronkwo, profesor de uno de los principales centros de salud del estado.
"Abuso inconstitucional"
La decisión del jefe de Estado ha sido muy divisiva en el país, y algunos consideran "inconstitucional" la suspensión de un gobernador y parlamentarios elegidos democráticamente.
Según Tinubu, la Constitución del país le permite suspender a los funcionarios públicos. Uno de los líderes de la oposición, Peter Obi, describió la decisión como "imprudente" y un "abuso inconstitucional". "Es demasiado apresurado, desequilibrado, y no creemos que esté en línea con las disposiciones constitucionales", dijo Benjamin Okaba, profesor de sociología en la Universidad Federal de Otuoke, en el vecino estado de Bayelsa.
Sin embargo, la falta de claridad jurídica deja margen de maniobra al jefe de Estado. "No tenemos una decisión judicial sobre la constitucionalidad de la suspensión por parte de un presidente elegido democráticamente de funcionarios estatales elegidos democráticamente", dijo a la AFP Ikemesit Effiong, socio de la consultora de riesgos SBM Intelligence, con sede en Lagos. "Esta falta de claridad significa que el presidente tiene mucha latitud", concluyó.
Le Monde con AFP
