Durante las próximas dos semanas, más de 100 países y organizaciones internacionales participarán en audiencias en la Corte Internacional de Justicia (CIJ) de La Haya como parte de un proceso histórico sobre cambio climático.
En el marco del Derecho internacional, la CIJ examinará las obligaciones de los Estados para hacer frente al aumento de las emisiones de gases de efecto invernadero y las consecuencias jurídicas de no hacerlo. En sus deliberaciones podría recurrir a múltiples fuentes del Derecho internacional, incluidos los tratados medioambientales y los derechos humanos.
El dictamen jurídico de la CIJ se espera para 2025.
La incansable campaña de jóvenes activistas -bajo el liderazgo de los Estudiantes de las Islas del Pacífico contra el Cambio Climático y los Jóvenes del Mundo por la Justicia Climática - así como los esfuerzos diplomáticos de la nación insular de Vanuatu condujeron a estos procedimientos de la CIJ.
En marzo de 2023, la Asamblea General de la ONU adoptó una resolución que reconocía el cambio climático como "un desafío sin precedentes de proporciones civilizatorias" y solicitó una opinión consultiva a la CIJ.
Aunque no son vinculantes, estas opiniones consultivas pueden tener una autoridad moral y jurídica considerable y, en última instancia, pasar a formar parte del derecho internacional consuetudinario, que es jurídicamente vinculante.
Todos los Estados miembros de la ONU están obligados a proteger y promover los derechos humanos y a prevenir su violación en el contexto del cambio climático. Además, cada país parte de la Convención Marco de las Naciones Unidas sobre el Cambio Climático ha ratificado uno o más de los principales tratados de derechos humanos de la ONU, y el Acuerdo de París sobre el Cambio Climático establece explícitamente que el cumplimiento de estos tratados es esencial para una acción climática ambiciosa.
En virtud de la legislación internacional sobre derechos humanos, los gobiernos deben proteger a las personas de los daños actuales y previsibles relacionados con el clima. Las normas de derechos humanos imponen controles más estrictos a las empresas que emiten gases de efecto invernadero y contribuyen a estos daños.
Aunque muchos gobiernos se han comprometido a eliminar progresivamente los combustibles fósiles y proteger los bosques tropicales, esto no significa que lo hagan de forma oportuna o eficaz. El derecho internacional de los derechos humanos puede ayudar a establecer las responsabilidades de los gobiernos que incumplen la normativa medioambiental y cuyas políticas climáticas vigentes contribuyen a violar los derechos humanos.
Una cuestión -entre otras muchas- que una opinión consultiva de la CIJ podría ayudar a aclarar es cuándo los retrasos, o incluso los contratiempos, constituyen una violación de la legislación internacional sobre derechos humanos.
El dictamen del Tribunal será de gran importancia para los millones de personas ya afectadas por el calentamiento global, y para muchas otras que probablemente sufrirán daños en un futuro inmediato.
En la fotografia de cabecera: Una audiencia sobre las obligaciones legales de los países para combatir el cambio climático, celebrada en la Corte Internacional de Justicia de La Haya, Países Bajos, el 2 de diciembre de 2024. © 2024 Peter Dejong/AP Photo
.jpg)
