Miles de desplazados, desalojos forzosos, violencia sexual, degradación del medio ambiente: las ONG denuncian "abusos de los derechos humanos" en torno a un proyecto petrolero en Uganda y Tanzania de la empresa francesa TotalEnergies y la china CNOOC, "alegaciones" según Kampala.
El megaproyecto de 10.000 millones de euros consiste en perforar más de 400 pozos para extraer petróleo de la región del lago Alberto, en el oeste de Uganda, y construir el oleoducto calentado más largo del mundo (1.443 km) para transportarlo hasta el puerto tanzano de Tanga.
El lago Alberto, frontera natural entre Uganda y la República Democrática del Congo, contiene unos 6.500 millones de barriles de crudo, de los que unos 1.400 millones se consideran recuperables. Impulsado por el Presidente Yoweri Museveni, que gobierna Uganda con mano de hierro desde 1986, el proyecto se enfrenta desde hace años a la oposición de los ecologistas, que consideran que amenaza el ecosistema y la población de la región.
"Las medidas de seguridad desproporcionadas, la represión, las violaciones de la legislación sobre la tierra, los desalojos forzosos y la corrupción, combinadas con un diseño inapropiado de los proyectos y medidas inadecuadas de mitigación de riesgos, están provocando un aumento de la angustia de las poblaciones locales", afirman la Federación Internacional de Derechos Humanos (FIDH), el CRED y Avocats Sans Frontières, que han elaborado un informe de más de 100 páginas. Interrogado por la AFP, el ministro ugandés de Información, Chris Baryomunsi, denunció "alegaciones (que) son bastante ridículas e infundadas".
Dans une réponse adressée jeudi à l'AFP TotalEnergies exprime "son plus ferme désaccord à l'égard d'affirmations contenues dans ce document qui mettent en doute l'attention portée au respect des droits humains dans les opérations menées en Ouganda". "En Ouganda comme ailleurs, la Compagnie rappelle, en outre, la transparence dont elle fait preuve sur les engagements pris en matière de droits humains ainsi que sur leur mise en œuvre qui ont fait l'objet de nombreuses communications publiques", précise encore le texte.
Las tres ONG -tras haber entrevistado a 114 personas en concreto- denuncian en el informe repetidos desalojos forzosos, violencia y acoso cometidos por soldados ugandeses contra pescadores, así como casos de violencia y explotación sexual y de género cometidos por militares y personal de la empresa. Los abusos más graves registrados en los yacimientos petrolíferos tuvieron lugar en los campos de Kingfisher y sus alrededores, donde el informe señala un "alto nivel de miedo", reforzado por la muerte de varios pescadores en aldeas a lo largo del lago Alberto.
El número de manifestaciones de oposición al megaproyecto ha aumentado en los últimos años, pero los activistas, que han denunciado haber sido calificados de "saboteadores económicos", se han enfrentado a una mayor represión. Las ONG también han denunciado allanamientos de morada, palizas, detenciones en régimen de incomunicación y torturas. Desde mayo hasta principios de diciembre de 2024, 96 manifestantes fueron detenidos, según el informe.
Unas 12.000 familias de los alrededores del largo oleoducto fueron desplazadas, así como cientos de hogares que vivían en los alrededores del lago Alberto. El caso más grave se remonta a mayo de 2020, durante la pandemia de Covid-19, cuando 769 personas fueron expulsadas de dos pueblos (Kiina y Kyabasambu), "la mayoría (...) a punta de pistola y nunca regresaron". Las ONG, que denuncian las expulsiones sin previo aviso ni indemnización, consideran que estos actos suponen "violación del derecho internacional y constitucional".
En la fotografia de cabecera: Varias personas protestan contra un megaproyecto petrolero en África Oriental durante una manifestación en Nueva York el 23 de septiembre de 2022. El proyecto previsto por TotalEnergies y la empresa china CNOOC es denunciado por activistas climáticos. AP / Ted Shaffrey
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