Nigeria entre el FMI y la gente

Bola Tinubu cumplió su primer año al frente del Ejecutivo nigeriano el 29 de mayo tras suceder a Muhamadu Buhari, del que heredó un país en crisis. Ganó las elecciones centrando su discurso en torno a tres ejes: la promesa de un mayor crecimiento económico, la creación de un millón de puestos de trabajo y reformas en el sector de la seguridad. Al acceder al cargo, tomó inmediatamente dos medidas clave: la eliminación de los subsidios a la gasolina y la devaluación de la moneda local, la naira. Mientras que desde el Fondo Monetario Internacional se afirmaba que «el foco de las autoridades en restaurar la estabilidad macroeconómica y en crear condiciones para un crecimiento sostenido, alto e inclusivo es apropiado», el Banco Mundial aprobaba el 13 de junio un paquete de 2.250 millones de dólares para «estabilizar la economía y aumentar el apoyo a los pobres y a las personas económicamente más expuestas». A pesar de ello, la población está sufriendo las medidas adoptadas.

Debido a la eliminación de las ayudas al combustible y a un año de baja producción agrícola, los precios de la cesta básica se han disparado. Todo ello ha provocado una subida de la inflación (del 22 % al 33 % en los últimos 12 meses) y, en consecuencia, un descenso en el consumo, que en algunos sectores ha supuesto una caída de las ventas de hasta el 75 %. Todos estos factores han conducido a una preocupante pérdida de poder adquisitivo de la población nigeriana.

Esta situación ha provocado que los dos sindicatos más importantes del país, el Nigeria Labour Congress (NLC) y el Trade Union Congress (TUC) hayan convocado cuatro huelgas desde 2023. La última de ellas, entre mayo y junio pasados, paralizó el país, que sufrió fuertes cortes eléctricos que afectaron a todos los servicios. Se vieron afectados hospitales, industrias y diferentes sectores como el de transportes, incluyendo el cierre de aeropuertos internacionales.

Ello obligó al Gobierno a sentarse con los sindicatos para abordar su principal demanda, el aumento del salario mínimo, que en la actualidad se sitúa en 30.000 nairas (19 euros). Las centrales sindicales, que habían exigido multiplicarlo por 20, hasta situarlo en 600.000 nairas (376 euros), han ido reduciendo sus pretensiones hasta quedarse en 250.000 (157 euros), aunque el Gobierno y el sector privado solo han subido su oferta hasta las 62.000 nairas (39 euros). Para los representantes de los trabajadores esta oferta es insuficiente y han advertido de que se trata de un «salario de hambre».

El desafío para el Gobierno es importante, porque en Nigeria siguen creciendo las muertes violentas, los secuestros, los enfrentamientos con los grupos insurgentes en el norte, y no han descendido los niveles de corrupción. Además, en este año de Tinubu se han producido numerosas detenciones a periodistas. En el vigésimo quinto aniversario de la democracia nigeriana, su presidente tendrá que elegir entre el FMI o la población.

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En la imagen de cabecera, una pasajera espera delante de las puertas del aeropuerto internacional Nnamdi Azikiwe, de Abuya, cerrado durante la huelga general del pasado 3 de junio. Fotografía: Kola Sulaimon / Getty

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