La investigadora Ana Lúcia Sá considera «interesante» que se celebren los diez años de adhesión de Guinea Ecuatorial a la CPLP «en un momento en el que la situación de los derechos humanos en el país ha empeorado considerablemente, especialmente en la isla de Ano Bom».
La isla de Ano Bom, donde existe un criollo de base léxica portuguesa, fue precisamente uno de los argumentos esgrimidos a favor del ingreso del país en la Comunidad de Países de Lengua Portuguesa (CPLP) hace diez años, en la cumbre de la organización lusófona celebrada en Dili el 23 de julio de 2014.
Este martes, el país y la organización conmemorarán esa adhesión con la visita a Malabo del presidente en funciones de la CPLP, el jefe de Estado de Santo Tomé, Carlos Vilanova, que será recibido por su homólogo ecuatoguineano, Teodoro Obiang Nguema Mbasogo.
La investigadora del Centro de Estudios Internacionales de Iscte - Instituto Universitário de Lisboa declaró a Lusa que, «en este momento, las prisiones del país [Guinea Ecuatorial] retienen a varios presos de la isla de Ano Bom, anoboneses que viven en la isla, así como en el continente del país, y también de la isla de Bioco, debido a las protestas contra los procesos de destrucción medioambiental en las islas», relacionados con la «construcción de viviendas privadas y otras urbanizaciones».
Según Ana Lúcia Sá, cualquiera que exprese alguna crítica u oposición a los proyectos en curso en las islas «está siendo detenido, sin cargos, y se le impide recibir visitas y atención médica».
«En otras palabras», resume, “la situación es más de lo mismo”, y “en este caso, es un grupo de ciudadanos de la isla de Ano Bom el que está sufriendo este abuso por parte del régimen”.
Esas actuaciones en las islas «están destruyendo la fauna y la flora locales», subraya Sá.
«Están destruyendo la isla de Ano Bom, que históricamente es una isla que ha sufrido mucho, desde los residuos tóxicos de Occidente hasta esta situación de no protección del medio natural», añade.
Además de los derechos humanos -donde «básicamente todo sigue igual»-, Ana Lúcia Sá tampoco ve avances significativos en Guinea Ecuatorial en relación a algunos de los compromisos adquiridos cuando se adhirió a la CPLP hace diez años, especialmente en lo que se refiere a la enseñanza de la lengua portuguesa, o incluso a la reforma del sistema jurídico.
«No sé si realmente se enseña portugués, no lo sé; lo que sí sé es que es un país con estructuras deficientes en educación, incluso en la primera lengua oficial, que es el español», dijo.
En cuanto a la reforma del ordenamiento jurídico, es decir, la abolición de la pena de muerte, que el país eliminó de su Código Penal el 17 de agosto de 2022 -cuya derogación, sin embargo, sigue siendo objeto de debate interno sobre su cumplimiento legal-, Ana Lúcia Sá afirma que todo el asunto se sigue «tokenizando».
«Se sigue diciendo: `ah sí, ya está, se acabó la pena de muerte'; pero no hace falta que haya pena de muerte, porque hay otros mecanismos para impedir que la gente tenga una vida libre, como estamos viendo ahora», afirmó.
«No creo que la adhesión a la CPLP haya servido para mejorar ninguna situación en Guinea Ecuatorial, ni siquiera -como era la intención- para hacer de la CPLP una institución que promueva los derechos humanos en un Estado de Derecho, de mayor comunión, de mayor preocupación por los ciudadanos de Guinea Ecuatorial», concluyó.
Aún así, Ana Lúcia Sá ve una «evolución positiva en estos diez años»: «Creo que hay una mayor implicación y un mayor conocimiento de la sociedad civil de los distintos países que componen la CPLP en relación con distintas situaciones dentro de esos mismos países, incluida Guinea Ecuatorial», afirmó.
Sin embargo, la «motivación económica» sigue guiando las relaciones entre Guinea Ecuatorial y los demás miembros de la CPLP, en el marco de un sistema internacional «profundamente desigual, asimétrico y racista», subrayó la investigadora.
«Toda la construcción del sistema internacional se basó en esta explotación, en esta asimetría», afirmó. En este contexto, «la vida de los ecuatoguineanos no importa, porque si importara, incluso en el marco de la CPLP -y sin hablar de injerencia, porque no se trata de eso- habría formas de mitigar diversas situaciones, habría más diálogo, habría más posibilidades de interacciones positivas y más mejoras.»
«El hecho es que no lo hay», concluyó Ana Lúcia Sá. «Y Guinea Ecuatorial es un caso; hay otros casos en la propia CPLP, pero hay un desprecio total [por los derechos humanos], es como si se tratara de vidas que no importaran», dijo.
En la fotografia de cabecera: Ana Lucia Sa.
