Guinea Ecuatorial y la Comunidad de Países de Lengua Portuguesa (CPLP) marcaron su adhesión el 23 de julio de 2014 en la X Cumbre de Jefes de Estado y de Gobierno de la organización lusófona, celebrada en Dili, con la visita a Malabo del presidente de turno de la CPLP, el jefe de Estado santotomense, Carlos Vilanova, que fue recibido por su homólogo ecuatoguineano, Teodoro Obiang Nguema Mbasogo.
Plácido Micó Abogo, que hace diez años era el único diputado de la oposición en el Parlamento ecuatoguineano, compuesto por 100 miembros, declaró a Lusa que, hoy en día, «más del 99% de la población de Guinea Ecuatorial ni siquiera sabía que el país formaba parte de la CPLP, ni esto ha tenido ninguna repercusión en su vida cotidiana».
El fundador de la CPDS afirmó que la adhesión no sólo no se ha traducido en la «apertura internacional» que se esperaba en su momento, sino que el Gobierno de Malabo «la ha utilizado como propaganda política, en lugar de aprovechar las recomendaciones políticas que conlleva la pertenencia a una organización de esta naturaleza», a saber, «una mayor apertura política del país, especialmente en materia de derechos humanos, y avances en la gestión política en materia de libertades públicas, que supuestamente eran compromisos adquiridos en el marco de la adhesión».
A modo de «ejemplo», el político señaló la «eliminación de la pena de muerte» en el ordenamiento jurídico del país, un compromiso adquirido con la adhesión, pero que el «Gobierno [ecuatoriano] se ha resistido todo este tiempo», y cuando lo cumplió, «lo hizo sin mucha claridad, sin mucha fuerza».
La abolición de la pena de muerte en el nuevo Código Penal del país, publicado el 17 de agosto de 2022, sigue siendo un tema controvertido tanto interna como externamente. Se trata del artículo 26 del código, que establece que «en la aplicación de las penas, la pena de muerte queda totalmente abolida en la República de Guinea Ecuatorial».
Sin embargo, como escribió el pasado mes de febrero el ex ministro de Justicia -el Gobierno ecuatoguineano fue destituido en bloque el pasado viernes- Sergio Abeso Tomo, «de una sana lectura e interpretación del artículo 26 del nuevo Código Penal, se desprende que el artículo en cuestión significa que la pena de muerte puede ser pronunciada en la República de Guinea Ecuatorial, pero no puede ser aplicada ni ejecutada».
Abeso Tomo, que fue presidente del Tribunal Supremo ecuatoguineano antes de llegar al gobierno, añadió en este texto, publicado en Facebook, que «se puede deducir que al disponer “in limine” en el artículo 26 del nuevo Código Penal que “en la aplicación de las penas, queda abolida la pena de muerte”, el legislador reconoce que la pena de muerte sigue existiendo en la República de Guinea Ecuatorial y debe seguir siendo aplicada por los tribunales ecuatoguineanos.»
Según Amnistía Internacional, la última vez que se ejecutó la pena de muerte en el país fue en 2014, lo que no impide, según Plácido Mico, que «se sigan ejecutando personas o encontrando la muerte extrajudicialmente, en comisarías y cárceles públicas, como desgraciadamente se ha denunciado en los últimos 10 años».
Guinea Ecuatorial no tiene «un sistema judicial adecuado, formado por jueces imparciales», añadió el político opositor.
Su «sistema judicial está a las órdenes del poder político y se utiliza fundamentalmente no sólo para encubrir la corrupción, sino también para reprimir políticamente a las voces disidentes, a la oposición y a los partidos políticos», afirmó.
Diez años después de la adhesión a la CPLP, «la situación de los derechos humanos es peor, porque las garantías y los compromisos no se han consolidado», afirmó.
"La gente recibe un trato inhumano, sin ningún respeto por las leyes de su propio país; esto es lo más lamentable. Aunque tengamos leyes, muchas de ellas injustas, imperfectas y represivas, la cuestión es que lo poco que estas leyes pueden garantizar, el Gobierno lo viola totalmente y procede de forma totalmente arbitraria a la hora de perseguir, detener, reprimir, torturar, arrestar a las personas», continuó el político.
«Esto se ha hecho en los últimos 10 años con mayor impunidad y con menor presión internacional», concluyó Plácido Mico.
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En la fotografia de cabecera: Plácido Micó.
