16 de julio de 2024
Frédéric Powelton
Según los analistas, para mantenerse en el cargo, el presidente Abdelmadjid Tebboune, que carece de poder real, se ha plegado a la voluntad de Chengriha y sus generales.
Candidato oficial a las elecciones presidenciales anticipadas del 7 de septiembre, el presidente Tebboune es considerado incapaz de tomar decisiones independientes, debido al escándalo que implica a su hijo en el tráfico de cocaína.
Abdelmadjid Tebboune ha firmado un decreto presidencial, el Decreto nº 24-218 de 27 de junio de 2024, que permite a los jefes militares ocupar puestos al frente de las administraciones públicas y civiles. Este decreto establece las condiciones en las que los militares de carrera y el personal contratado pueden ser destinados a estas administraciones, conservando su estatuto, derechos, beneficios y prerrogativas dentro del Ejército.
Los expertos confirman que Argelia, bajo el régimen del presidente Tebboune, está dominada por un régimen militar totalitario dirigido por el general Saïd Chengriha, jefe del Estado Mayor del Ejército Nacional Popular (ANP). Este régimen militarizado reprime a la población y monopoliza los sectores económicos vitales, impidiendo cualquier desarrollo o libertad.
Los militares controlan los principales sectores económicos del país, enriqueciendo a la élite gobernante a costa del pueblo.
La empresa nacional de hidrocarburos, Sonatrach, está controlada por los militares, que adjudican contratos y licencias según sus intereses, beneficiándose de la riqueza petrolera y gasística del país.
Las empresas de construcción, a menudo dirigidas por antiguos militares o personas cercanas al gobierno, obtienen contratos sin concurso, lo que perpetúa la corrupción. El sector del transporte también está bajo control militar, con infraestructuras clave como puertos y aeropuertos gestionados por entidades militares, lo que garantiza su dominio sobre los flujos económicos.
El ejército también posee vastas extensiones de tierras de cultivo, que reciben cuantiosas subvenciones, mientras que los pequeños agricultores luchan por sobrevivir. Los bancos y las instituciones financieras están infiltrados por el ejército, lo que limita el acceso al crédito de los empresarios independientes y ahoga la innovación económica.
Los servicios de seguridad e inteligencia también ejercen su poder sobre la prensa, los canales de televisión y las redes sociales, reprimiendo cualquier oposición y difundiendo información favorable al régimen. Los medios de comunicación independientes son silenciados y las voces disidentes censuradas sistemáticamente.
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